Tres de cada cuatro reglamentos aprueban, pero ninguno está completo

Un estudiante cuenta a su profesora jefe que un adulto lo está maltratando. ¿Qué debe hacer el colegio? ¿A quién avisa primero? ¿Denuncia en 24 horas o espera a investigar? La respuesta debería estar escrita en el reglamento interno de convivencia escolar. En muchos colegios, está escrita mal.

Eso muestra un estudio de la consultora de gestión educativa VÜMA, que revisó los reglamentos de 86 colegios con los mismos 20 contenidos exigidos y la misma pauta de errores graves. El resultado: tres de cada cuatro aprueban (el 26 % queda bajo 4,0), pero ninguno cumple el estándar completo y cada reglamento tiene, en promedio, más de 16 errores graves de redacción.

Los protocolos están, pero mal escritos

La primera sorpresa del estudio es que casi todos los colegios tienen los protocolos que exige la ley. En promedio, los reglamentos regulan el 79,5 % de los contenidos exigidos. El problema aparece al leerlos con detalle: su solidez, que descuenta puntos por cada error grave, llega apenas a 51 de 100.

Todos los reglamentos revisados tienen errores graves, entre 9 y 25 cada uno: textos que, aplicados tal como están escritos, pueden dejar a un estudiante sin protección o hacer que una sanción grave se caiga ante un reclamo. El 98 % tiene alguno en sus protocolos de protección de estudiantes.

Avisar antes, mediar donde no corresponde

Algunos de los problemas más frecuentes tocan directamente la protección de niños, niñas y adolescentes:

• En el 91 % de los colegios, la denuncia se delega en la familia, se condiciona o queda fuera del plazo de 24 horas.
• En el 85 %, el reglamento permite la mediación o un acuerdo ante acoso, abuso o violencia, en los que un acuerdo entre las partes puede exponer más a la víctima.
• En el 77 %, el texto indica avisar al adulto señalado antes de proteger al estudiante y de denunciar.
• En el 63 %, no se aparta de la víctima al adulto denunciado mientras se investiga.

Sanciones que se pueden caer

El otro gran grupo de problemas está en las faltas y sanciones. En el 95 % de los colegios hay sanciones fijas, automáticas o desproporcionadas, en el 86 % faltas abiertas, que no describen con precisión la conducta sancionada, y en el 60 % suspensiones fuera de lo que permite la ley. El 95 % tiene expulsiones o cancelaciones de matrícula fuera del procedimiento legal: sin notificación, descargos, reconsideración o los plazos que exige la ley.

Las leyes nuevas no alcanzan a entrar

Las brechas más grandes están en la normativa reciente. Ningún reglamento incorpora todavía de forma adecuada la Ley 21.809, que tiene plazo de adecuación hasta abril de 2027, y apenas el 37 % tiene completo lo exigido por la Ley Karin. Tampoco están al día el Plan Integral de Seguridad Escolar (26 % cumple), los procedimientos de Aula Segura (31 %) ni las salidas pedagógicas (36 %).

Por qué importa

Para una familia, el reglamento interno puede parecer un documento lejano. Pero es lo que define qué hace el colegio cuando su hijo o hija sufre acoso, cuando hay una sospecha de abuso o cuando enfrenta una sanción. Un texto ambiguo significa que cada caso se resuelve con un criterio distinto, y eso se vive como arbitrariedad.

Para los colegios, el riesgo es doble. Un protocolo de protección mal escrito puede retrasar la ayuda a un estudiante. Y una sanción basada en una falta mal definida o en un plazo equivocado puede ser revocada si la familia reclama ante la Superintendencia de Educación.

La fiscalización está activa: según los datos abiertos de la Superintendencia, en 2025 se presentaron 365 denuncias referidas a 105 colegios particulares pagados de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y Colina, el equivalente a 3,9 por cada 1.000 estudiantes. En los 261 colegios particulares pagados de toda la Región Metropolitana fueron 1.099, es decir, 5,6 por cada 1.000.

También pesa sobre los equipos. Los encargados de convivencia deben interpretar documentos de cientos de páginas bajo presión, con el temor de equivocarse y ser cuestionados.

Qué pueden hacer los colegios

El estudio propone partir por lo que más riesgo genera:

• Revisar los protocolos de protección: denunciar dentro de 24 horas sin delegar ni condicionar, no avisar antes al adulto señalado, apartarlo de la víctima y no mediar en casos de acoso o abuso.
• Asegurar el debido proceso: faltas descritas con precisión, sin sanciones automáticas y con los plazos y autoridades que exige la ley.
• Incorporar las leyes recientes, como la Ley 21.809 y la Ley Karin.
• Actualizar el reglamento cada vez que cambia la normativa, no solo al inicio del año.
• Practicar con casos simulados para comprobar que el equipo sabe aplicarlo.

Ficha metodológica. VÜMA revisó los reglamentos internos de convivencia escolar y sus anexos publicados por 86 colegios, con información a octubre de 2026. Cada reglamento recibió dos notas de 1 a 7: una por los 20 contenidos que exige la normativa con sus piezas mínimas (80 % de exigencia) y otra por la solidez del texto, que parte de 100 y descuenta 3 puntos por cada error grave en lo que sí está escrito (50 % de exigencia). La nota final es el promedio de las dos, redondeado a un decimal. Los errores graves se identificaron con una pauta escrita de gravedad y se informan como el porcentaje de colegios con al menos uno de cada tipo. Es un diagnóstico documental: evalúa lo que dicen los reglamentos, no cómo se aplican. El estudio no identifica a ningún colegio. Ver el Estudio VÜMA 2026 completo.